Fundación Respuesta Social Siglo XXI

 
COMUNICADO DE LA FUNDACIÓN RESPUESTA SOCIAL SIGLO XXI

Ante las informaciones incorrectas e inexactas referidas a las diligencias de investigación llevadas a cabo por la Fiscalía anticorrupción de Las Palmas de Gran Canaria, remitidas al Juzgado de Instrucción y aparecidas hasta la fecha en diversos medios de comunicación, se quiere hacer constar:

  1. Que Fundación Repuesta Social Siglo XXI, desde su constitución el 3 de diciembre del 2004, ha dado cumplimiento a las Leyes y Reglamentos que regulan su ámbito de actuación, tanto a la Ley 1/1998 de 2 de marzo, cuando su ámbito de actuación era exclusivamente el de la Comunidad de Madrid como, desde el año 2019, al concurrir un cambio de actuación principalmente en la Comunidad Autónoma de Canarias, al cumplimiento de la Ley 50/2002 que regula las competencias de las Fundaciones a nivel estatal.
  2. Que Fundación Respuesta Social Siglo XXI ha sido parte activa y colaboradora/cooperante en la investigación llevada a cabo por la Fiscalía, Diligencias incoadas el 24 de enero de 2022. No sólo ha respondido a los requerimientos/oficios remitidos sino, que, sin requerimiento alguno, con fecha 13 de enero de 2023 ha aportado justificación y soporte documental de todos y cada uno de los gastos que han sido satisfechos con las transferencias que eran realizadas por la Fundación a los directores de los Centros de Menores. Al efecto, 24.709 páginas con la digitalización de facturas/comprobantes de caja, aportadas por Centros y por semanas para facilitar su cotejo.
  3. En cuanto a la participación de los directores en las diligencias pre procesales, previas a la querella, a pesar de haberse acogido a su derecho a no declarar, hasta que no fuera examinada la documentación aportada y que justificaba los fondos recibidos, una vez examinada dicha documentación, éstos no han sido llamados por la Fiscalía, por lo que ninguna información ni declaración han podido facilitar previa a la querella.
  4. La información publicada por diversos medios de comunicación referencia que la Fiscalía Anticorrupción cuantifica la desviación de fondos públicos en el importe de 12.505.878 €. Esta información es inexacta. El objeto de investigación por la Fiscalía han sido los fondos de los que disponían los directores que eran, exclusivamente, los necesarios para hacer frente a los “gastos de caja” de los cinco Centros de Menores investigados, durante los años 2019 a 2022 y, concluyendo la Fiscalía que, según la investigación llevada a cabo, no consta soporte documental que justifique que el importe de 41.760,90 € ha sido destinado al servicio.
  5. Fundación Respuesta Social Siglo XXI y todo su equipo de trabajo, actualmente con más de 380 trabajadores, de los que forman parte de su plantilla en Canarias 134, han venido y seguirán prestando el servicio público de atención integral de los menores de una forma responsable, respondiendo no sólo a un sistema de gestión y control interno claro y sistemático (sometido a Auditoría) sino, por supuesto, dando respuesta a las prescripciones y control del marco jurídico instaurado tanto por la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno de Canarias, como por el Cabildo de Lanzarote.
  6. Fundación Respuesta Social Siglo XXI, solicita y exige a los medios de comunicación que respeten la investigación judicial. Estamos ante un procedimiento judicial en fase inicial y embrionaria en la que se dará respuesta y justificarán los importes gestionados por los directores de nuestros Centros y el efectivo cumplimiento del servicio, continuando con una actuación de plena colaboración, en este momento con la autoridad judicial, para aclarar los hechos objeto de investigación.

En consecuencia, NO están acreditados los hechos objeto de la querella y prueba de ello es la petición, por parte de la Fiscalía, de diligencias a practicar por el Juzgado de Instrucción, siendo éstas, como se indican, indispensables para concluir la fase instructora y, por ello, se exige respeto hasta su conclusión, máximo respeto por el procedimiento judicial en curso y por el principio de presunción de inocencia de las personas afectadas en el marco de estas actuaciones.

En Madrid, a 05 de junio de 2023